De acuerdo a la última encuesta Panel Ciudadano sobre propuestas para mejorar el actual sistema de pensiones, un 82% de los encuestados señala que los cotizantes son quienes deben decidir activamente cada uno o dos años si siguen en su AFP o se cambian a otra para mejorar la competencia. En línea con esto, solo el 37% de los encuestados dice estar de acuerdo con que el Estado licite cada año una porción de los afiliados antiguos para asignarlos a una de las AFP existentes.

En su reforma, el Gobierno propone licitar un grupo de afiliados cada año, como una medida para bajar comisiones y aumentar la competencia en la industria. Sin embargo, un mecanismo como este, conlleva muchas dudas en cuanto a diseño e implementación, las que se traducen en riesgos financieros que irían en la dirección contraria una buena reforma de pensiones, afectando, por ejemplo, la rentabilidad de los fondos de pensiones.

Como plantea la economista de Libertad y Desarrollo, Ingrid Jones, si existe un problema de inercia (es decir, los afiliados no se cambian de AFP, independiente de sus diferencias de precio) otra forma de combatirla es, en línea con las preferencias de la ciudadanía, empujarlos a que evalúen periódicamente si mantenerse o cambiarse de administradora.

Según Jones, esto se podría implementar si la Superintendencia de Pensiones informa, cada cierto tiempo a los afiliados que no se han cambiado de administradora, la comisión total que se les cobra y la rentabilidad de los últimos años, de su AFP actual y de las otras AFP del mercado. Con esta propuesta, la persona será libre de mantenerse o cambiarse de su actual administradora y en caso de no decir nada, se presumirá que opta por mantenerse en la actual.

“Vale la pena explorar otros caminos que sí mejoren el sistema de pensiones y no pongan en riesgo su institucionalidad ni sostenibilidad”, dice la economista.