La Comisión Técnica de Pensiones, convocada por los parlamentarios de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, despachó su informe, cuyo objetivo era llegar a consensos técnicos que permitieran avances en la reforma de pensiones. Si bien el informe llega a consenso en varias materias relevantes, como el no promover la separación forzosa de la industria, y ratificó otros acuerdos técnicos, como no avanzar hacia una PGU universal o crear un seguro para las lagunas previsionales, no logró acordar una fuente de financiamiento para aumentar las pensiones actuales, punto que es clave para seguir avanzando en la tramitación de la reforma de pensiones.
Otro acuerdo relevante de la comisión es la necesidad de focalizar los aumentos de pensiones para los actuales jubilados en mujeres y grupos con un alto número de años de cotización, pero bajas tasas de reemplazo. Este diagnóstico es correcto, pero la forma de resolverlo no es vía un mecanismo de reparto, aunque sea transitorio. Además, la comisión no logró acordar cómo financiar estos beneficios[1]. Esto es, no se determinó una distribución para la cotización adicional, sino que se estimaron 5 escenarios, con distintas distribuciones de puntos de cotización a solidaridad[2], diferentes umbrales de años cotizados y distintos montos del beneficio.
En este punto es fundamental contar con detalle de las estimaciones de la Dipres en lo referido al costo del beneficio para las mujeres, que, de acuerdo al informe, sería de entre 0,6 y 0,7 puntos de la cotización en régimen, estimaciones que serían muy sensibles a los supuestos de edad de retiro y composición del grupo familiar[3].
Por otro lado, es destacable que se haya cerrado la puerta a financiamientos alternativos, que generarían mayores presiones de gasto que ponen en riesgo las finanzas públicas, como el préstamo de cotizantes al Estado y que haya mostrado aprensiones respecto al seguro de longevidad debido a sus riesgos financieros y redistributivos. De todas maneras, en el caso del préstamo, es relevante contar públicamente con las estimaciones de distintos escenarios analizados por la Dipres a los que se hace alusión en el informe.
No hubo acuerdo tampoco respecto de la compensación intrageneracional de la forma en que está diseñado en el proyecto de ley[4]. Pese a esto, luego se señala que de haber excedentes en el seguro social (porque el beneficio intergeneracional comienza a extinguirse) el remanente de las cotizaciones se destine a las cuentas individuales de los cotizantes con solidaridad intrageneracional.
En cuanto a la separación de la industria, la comisión recomendó no promoverla. Esto, porque no hubo acuerdos sobre la existencia de economías de escala en la administración de cuentas en la industria de las AFP. Esta recomendación es acertada, además que valida la estructura actual del sistema de pensiones y le da estabilidad institucional y financiera.
La comisión acordó licitar una porción del stock de afiliados que permita en un plazo de 10 años haber licitado a todos los afiliados, pero no llegó a consenso respecto de la participación del Estado en la licitación. Por lo tanto, en esta materia el informe no representa un gran avance respecto de la indicación presentada por el Ejecutivo en enero, aunque propone que sea una Comisión Técnica transversal, la que diseñe los parámetros[5].
Por otro lado, el informe también llegó a acuerdos en materias que son positivas y que ya generaban consensos políticos. Dentro de estas están las medidas para aumentar el ahorro y la densidad de cotizaciones, las que son razonables y permitirán generar más recursos para pensiones y disminuir lagunas, llevando a los afiliados a obtener pensiones más altas. También se proponen mejoras institucionales al sistema de pensiones.
Finalmente, un tema muy relevante fue el acuerdo por mantener la cobertura de la PGU en el 90% de la población y no aumentarla al 100% como propone la reforma del gobierno. Asimismo, se recomendó no aumentarla a $ 250.000, sino que establecer como referencia el monto de la línea de la pobreza.
¿Cómo seguir?
Para tener una reforma de pensiones que realmente mejore las pensiones se requieren argumentos técnicos sólidos, robustos y transparentes. Antes de seguir avanzando con la tramitación del proyecto de ley en el Senado, se requiere poder zanjar de forma explícita a quiénes, en cuánto y cómo vamos a financiar las mejoras a las pensiones actuales. El informe de la comisión técnica responde solo la primera de estas tres interrogantes. Es el Gobierno, que tiene iniciativa exclusiva sobre estas materias, quien debe hacer sus propuestas y someterlas a discusión en el Senado.
En este sentido, creemos que la mejor fuente financiamiento para mejorar las pensiones de los grupos que bien definió la comisión técnica es hacerlo con recursos fiscales. Estos se pueden obtener de priorizaciones de gasto, de un uso más eficiente de los recursos públicos e implementar medidas tributarias que permitan recaudar más, sin que afecten negativamente el crecimiento y la inversión. En este sentido, se deben considerar las recomendaciones señaladas en el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)[6]y las medidas propuestas por la Comisión Marfán[7].
[1] A diferencia de lo que propone el gobierno, que es a través de un reglamento de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.
[2] Informe sobre Balance Estructural Nº 18. "Informe de evaluación y monitoreo del cálculo del Balance Estructural y nivel prudente de deuda: estimaciones 2023-2028" (11.03.2024).
[3] Informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial. Diciembre 2023.
[4] Correspondientes al componente intergeneracional (una garantía en UF por año cotizado) y el “bono tabla” (que corrige por la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres).
[5] El documento hace referencia solo a la distribución de cotizaciones en los escenarios 1 y 2. En el primero, se destinarían 1,2% hasta el año 2100 en promedio mientras que, en el segundo, 1,6%.
[6] El beneficio busca que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar obtengan la misma pensión.
[7] Los puntos de cotización que se van a ahorro en cuentas individuales se calculan en un 70% sobre la remuneración del trabajador mientras que el 30% restante sobre el promedio de remuneraciones del sistema.
