Revela los efectos del proyecto, qué cedieron la izquierda y la derecha y adelanta detalles de un futuro proyecto que el Presidente enviará antes del 1 de octubre para terminar con las preexistencias.

'No soy de los que celebra significativamente este proyecto, pero su aprobación disminuye el riesgo de una quiebra sistémica', dice Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo que asesoró a diputados y senadores de centroderecha en la comisión mixta con minutas, propuestas y chequeo de las que iba entregando el gobierno. Tras sesiones postergadas y negociaciones entre oposición y oficialismo, el miércoles, a las 21 horas, se aprobó el proyecto de ley de isapres.

Ingeniero comercial de la UC, con un máster en políticas públicas de la U. de Chicago (fue coordinador de Economía de La Segunda por cuatro años), lo llamaron porque integró el comité de expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado, parte de cuyas propuestas fue aprobada en primer trámite, pero muchas rechazadas por los diputados.

-¿Sale humo blanco este lunes?

-El gobierno tiene la responsabilidad de alinear a sus parlamentarios. Si se cayera sería una muy mala noticia, ya que prolonga la incertidumbre de los afiliados hasta nuevo aviso. El sistema está operando a pérdida y eso solo puede ser revertido por una ley. Sería, además, una nueva muestra de la inoperancia de nuestro sistema político, esta vez, ante una crisis inminente y de altísimo impacto en las personas.

Isapres sin clínicas están más vulnerables

-¿Se asegura la viabilidad de las isapres con este proyecto o no?

-No se asegura, pero disminuye bastante el riesgo de una quiebra masiva que existía sin los cambios que se introdujeron en la comisión mixta. Lo triste es que el Gobierno tuvo a la mano otras opciones que permitían que ese riesgo prácticamente desapareciera como la mutualización que aprobó el Senado (se cayó después en el TC) o la propuesta de la FEN (que estimó la deuda por cobros en exceso en US$493 millones). Ambas fueron, nuevamente, propuestas por la oposición en la Cámara de Diputados y en la comisión mixta junto con otras medidas de mediano plazo acordes con un sistema de seguridad social, como terminar con las preexistencias. Pero el Ejecutivo no las consideró.

-Dado que no elimina el riesgo, ¿cuántas podrían caer?

-Dependerá de las decisiones que tomen las isapres mirando sus números. Sí sabemos que respecto a un escenario sin ley, hay más opciones que eso no pase, pero no podemos descartar que los dueños decidan no seguir operando.

-¿Ese riesgo es mayor para las isapres cuyos dueños no tienen clínicas?

-Obviamente, los que no tienen prestadores son más vulnerables: no tienen otra fuente de ingresos que las cotizaciones de los afiliados.

Qué cedieron izquierda y derecha

-¿Fue una batalla ideológica esta negociación?

-El programa de Gobierno del Presidente Boric terminaba con las isapres. Es evidente que parte del oficialismo vio en la crisis que generó el fallo de la Suprema una oportunidad para avanzar en esa línea. Sin embargo, primó la racionalidad de darse cuenta que un colapso del sistema podría haber generado una crisis sanitaria muy relevante, perjudicando al propio Gobierno.

-¿Qué entregó la derecha y qué la izquierda?

-La derecha cedió en aceptar una deuda que muchos creemos que no existe, porque nace de un fallo equivocado de la Suprema y que mucha gente de centroizquierda ha criticado. Para muchos en la derecha fue muy difícil aprobar la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa. Y el oficialismo se abrió a ampliar el plazo de pago de la deuda de 10 a 13 años. Es importante entender por qué: los 10 años venían del comité de expertos para saldar una deuda calculada en US$450 millones o US$500 millones. Como es tres veces mayor, cercana a los US$1.200 millones, y se dio prioridad al pago para la gente de la tercera edad (hasta cinco años), el plazo tenía que alargarse por la sostenibilidad de la industria.

Un paso hacia la salud estatal

-¿Que hay de cierto que la Modalidad de Cobertura Complementaria es el germen de un sistema de salud estatal, ya que Fonasa seria el principal comprador de servicios de las clínicas y otros prestadores?

-Es un paso hacia un sistema de seguro de salud estatal donde Fonasa tendrá un poder monopsónico (único comprador) sobre los prestadores y cualquier economista sabe que eso tiene fuertes desventajas. De llegar a esa situación, (Fonasa) fijará los precios y los prestadores no tendrán alternativas. Si Fonasa decide qué precio pagará, hay menos incentivos para avanzar en innovación médica. ¿Qué clínica invertirá en un robot de última tecnología para tratar el cáncer sí Fonasa no está dispuesto a pagar por ese servicio? Mientras más chico sea el sector de las isapres, mayor será el poder monopsónico de Fonasa, porque los médicos y prestadores no tendrán alternativas a las que ofrecer sus servicios.

Extracto de la entrevista a Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas de LyD, en La Segunda.-