Ayer, 4 de marzo, con ocasión del inicio de un nuevo año legislativo, el Gobierno ingresó nuevas indicaciones al proyecto de reglas de uso de la fuerza (RUF) que actualmente se encuentra en trámite en las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que la lógica inicial de este proyecto es que en la Ley queden establecidos criterios generales respecto al uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, para dejar a un reglamento asociado al proyecto las disposiciones más específicas de cuándo y cómo emplear esta fuerza.
Para el Investigador del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, Daniel Rebolledo, “el Gobierno, insistiendo en una lógica que ya le ha traído complicaciones en la tramitación de otros proyectos relativos a la seguridad pública, ha querido incluir en éste indicaciones que recuerdan a aquella retórica que fue rechazada contundentemente por un 62% de los ciudadanos a fines del año 2022”.
En esta línea, el Sociólogo destaca el siguiente inciso:
“Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores.”
Según Rebolledo, si bien parece razonable establecer distinciones en el caso de niños, niñas o adolescentes al momento de hacer uso de la fuerza por parte del Estado, resulta incomprensible romper con el principio de igualdad ante la Ley utilizando criterios de género, orientación sexual, calidad de indígena, de migrante u otros. ¿Es que acaso debe tratarse de manera distinta a una persona que está violando la ley si es que esta es, por ejemplo, de origen extranjera?
“En concreto, estamos siendo testigos de un Gobierno que, enfrentado a una crisis de seguridad inédita en nuestra historia, se preocupa más bien de hablarle a su sector y no a las grandes mayorías de chilenos que claman con urgencia soluciones en esta materia. Indicaciones como la mencionada anteriormente, son claros atavíos ideológicos de quienes gobiernan el país hoy en día y constituyen más bien obstáculos para la tramitación de este proyecto, cuando lo que se necesita es buscar aquellos acuerdos necesarios para que Chile pueda ser un lugar más seguro”, enfatiza el experto.
