Hace varios años hemos escuchado críticas por parte de sectores de la izquierda al “modelo extractivista”, sedimentándose este adjetivo en la discusión sobre los caminos al desarrollo que debe tomar el país. Por ejemplo, el Presidente Boric en su campaña presidencial señalaba que su gobierno será la primera administración ecologista de la historia “implementando políticas sustentables en todas las materias y así avanzar al fin del extractivismo, que pone en peligro la naturaleza y la vida acelerando la grave crisis climática que vivimos”^[1].

A pesar de sus críticas y la usual utilización de extractivismo en conversaciones sobre “el modelo”, poco se ha profundizado en torno a los alcances de este concepto, particularmente qué significa para aquellos sectores que más lo critican. En este sentido, pareciera ser que, en torno a este significante, la lucha de los sectores de izquierda en el país ha sido por posicionarlo como un adjetivo negativo, más que por dotarlo de contenido. De esta forma, al momento de escuchar o leer extractivismo en alguna discusión, inmediatamente tenderíamos a catalogar aquello que acompaña a este concepto como algo negativo.

A modo general, el concepto hace alusión a la actual forma de generación y acumulación de riqueza que tendrían ciertos países, principalmente latinoamericanos, siendo un aspecto fundamental de este modelo la apropiación masiva de recursos naturales para posteriormente ser exportados con un modesto nivel de procesamiento a mercados internacionales^[2]. De esta forma, se produciría una disputa entre quienes explotarían el recurso y las comunidades cercanas a estos lugares, ya que la riqueza extraída de estos “territorios^[3]” a raíz de sus recursos sólo sería aprovechada por quienes la explotan. Bajo está dialéctica, extractores-comunidades, los sectores izquierda más radical plantean una relación extrema y antagónica entre estas dos dimensiones, sedimentando un discurso público sobre el modelo económico asociado a altos niveles de conflictividad.  “En nuestro país hay personas obligadas a habitar #ZonasDeSacrificio por culpa del extractivismo voraz de un modelo económico que no da más”, señaló Revolución Democrática en su página de Facebook^[4].

A pesar de la resistencia de los sectores de izquierda hacia este modelo, especialmente en términos de generación de riqueza y el desarrollo comunitario, la evaluación del Estado como propietario y explotador de estos recursos difiere significativamente de la de un ente privado. Esta situación nos remite en alguna medida a los tiempos cuando diversos Estados, especialmente en Latinoamérica, adoptaron enérgicamente las propuestas de la CEPAL, resultando en la implementación de modelos alineados con la Teoría de la Dependencia, dando lugar a los Modelos de Sustitución de Importaciones y a un marcado proteccionismo estatal en la Región.

Desde la perspectiva de la izquierda, el Estado, en su rol de propietario y explotador, no sería percibido como una entidad perniciosa para las comunidades locales, dirigiendo sus críticas hacia el sector privado. Este último, aun sin poseer la propiedad de los recursos naturales que explota y pese a que podría contar con una mayor eficiencia en esta tarea, tendería a generar más externalidades negativas que su contraparte estatal. Por consiguiente, las críticas esbozadas por los sectores de izquierda sobre la escasa generación de riqueza, los conflictos extractores-comunidades y las externalidades negativas inherentes a cualquier industria, se enfocarían principalmente en las empresas privadas.

Esta circunstancia revela una contradicción inherente al uso de este concepto como eje central de un discurso político crítico hacia el modelo económico en su totalidad, pues parece centrarse más en una crítica a las empresas privadas dedicadas a la extracción de recursos naturales, sin reconocer que el Estado también podría generar externalidades iguales o peores. Además, las perspectivas más extremas a menudo pasan por alto el potencial del sector privado, no solo en el desarrollo de estas actividades, sino también en su contribución a la resolución de problemas y al desarrollo de las comunidades donde operan.

Las empresas productivas pueden lograr operaciones sostenibles mediante la implementación de prácticas responsables y el uso de tecnologías avanzadas, reduciendo su huella de carbono mediante el uso eficiente de energías renovables y la minimización del impacto ambiental en la extracción y procesamiento de las materias primas. Por ejemplo, SQM fue recientemente incluida en el Dow Jones Sustentability Index, siendo destacadas a nivel mundial como líder en sustentabilidad, aspirando a producir litio carbono neutral para el año 2030^[5].

La influencia de este discurso, que evalúa las actividades de explotación de recursos naturales basándose en quién las lleva a cabo, ha tenido repercusiones concretas en las políticas públicas de desarrollo en Chile. Un ejemplo reciente es la Estrategia Nacional del Litio, cuyo primer eje estratégico es la participación del Estado en todo el ciclo productivo, preferentemente a través de la creación de una empresa nacional de litio. Este camino, marcado por una disminuida presencia privada, no es el más eficaz para generar los incentivos y políticas públicas necesarias para una explotación moderna y sostenible de recursos naturales. Esta aproximación podría resultar en una pérdida de competitividad para el país en la carrera global por posicionarse como un actor clave en la explotación de este mineral.

Esta visión, primordialmente estatal en la explotación de los recursos naturales, nos retrotrae a tiempos y teorías económicas que parecían superadas y deja de lado el rol que cumpliría la empresa privada en la innovación y explotación de los recursos. Es más, hace oídos sordos a propuestas progresistas de algunos economistas que buscan “reformar el capitalismo”, los que son vistos muchas veces como inspiradores de las políticas públicas del Gobierno. Marianna Mazzucato relevó el rol que cumpliría el Estado en la formulación de objetivos comunes para los agentes económicos, con foco en la solución de problemas públicos e incrementar el desarrollo, estableciendo “misiones económicas”. En palabras de la autora, este enfoque de misiones “significa diseñar políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración entre una gran variedad de agentes económicos, involucrando tanto a las empresas como a los ciudadanos^[6]”.

Con todo, el debate sobre el extractivismo en Chile, particularmente en los sectores de izquierda, refleja una tensión entre críticas al modelo económico y la realidad actual de las operaciones productivas en el país. A pesar de la crítica centrada en la explotación privada de recursos naturales y sus impactos negativos, hay una falta de reconocimiento hacia el rol positivo de la empresa privada en la innovación y sostenibilidad de estas actividades. Además, se observa una tendencia a idealizar la participación estatal en la explotación de recursos, ignorando las posibles externalidades negativas hacia las comunidades que también puede generar un Estado extractivista.

[1] Boric, G. (2021). https://twitter.com/GabrielBoric/status/1457845496689594373

[2] Maillet et al (2021). Conflicto, territorio y extractivismo en Chile. Aportes y límites de la producción académica reciente. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022021000300059

[3] Para mayor profundización sobre este concepto, ver Informe Coyuntura Política de diciembre 2023

[4] https://www.facebook.com/RevolucionDemocraticaChile/videos/acuerdodeescazú/669928413920402/

[5] Revista Minería Chilena (2023). SQM es incluida en el principal índice mundial de sustentabilidad. Disponible en: https://www.mch.cl/2023/12/19/sqm-es-incluida-en-el-principal-indice-mundial-de-sustentabilidad/

[6] Mazzucato M. (2021). Misión Economía. Una carrera espacial para cambiar el capitalismo. Editorial Taurus