El proyecto de ley para implementar el inédito fallo de la Corte Suprema, ingresado por el Gobierno al Senado, ratificó el peor escenario para las personas afiliadas a las Isapres, ya que establece que ellas deben devolver cerca de US$1.400 millones a sus afiliados que, en su minuto, fueron cobrados sin ninguna objeción de la Superintendencia del ramo. Las Isapres, además, verán disminuidos sus ingresos futuros en un 6% promedio, en un contexto de constantes pérdidas de las aseguradoras por el alto gasto en licencias médicas, con precios congelados o con reajustes muy por debajo del alza de costos e ingresos estancados por la mala situación del empleo.

Si bien estas cifras se habían conocido hace meses, se esperaba que el Gobierno diera con una solución que, cumpliendo el fallo de la justicia, diera viabilidad al sistema de salud privado. Sin embargo, más que resolver la crisis, el proyecto de ley, en su esencia, busca preparar a Fonasa para recibir a un mayor número de afiliados en el caso de que alguna Isapre decida dejar de funcionar. Es decir, más que evitar que se de ese escenario, se prepara para uno que con la iniciativa presentada parece más cercano.

La solución es incierta ya que depende de que las compañías de seguro quieran participar en una licitación que hará Fonasa para que sus afiliados, en caso de migrar al asegurador estatal, tengan una cobertura equivalente a la que hoy tienen los afiliados de Isapres. Ello conllevará a un cobro extra que muchos afiliados no estarán en condiciones de pagar. Así se creará una nueva categoría de usuarios al interior de Fonasa.

En particular, el proyecto establece un plazo de 6 meses para que las propias Isapres definan un plan de pago de las devoluciones, el que será revisado por otros seis meses por un Consejo Asesor (cuya opinión no es vinculante), para que la Superintendencia de Salud finalmente decida aprobar o no dicho plan. Así, si bien se evita una aplicación automática, se mantiene la incertidumbre de cómo las Isapres harán frente a estas obligaciones que se le imponen en este proyecto de ley.

Por otro lado, regula la forma en cómo se reajustará la prima GES (que es una de los componentes del precio que pagan los afiliados), siendo que justamente esa regulación por parte de la misma Superintendencia es parte de los problemas que han generado las grandes pérdidas financieras de las aseguradoras privadas, que se volvieron a repetir durante el primer trimestre de 2023.

Es lamentable que el Gobierno no haya planteado una forma menos gravosa de implementar el fallo ya que quienes serán afectados por una eventual caída de una Isapre serán quienes tienen preexistencias médicas y peores condiciones de salud, ya que no podrán cambiarse de asegurador y deberán trasladarse a Fonasa y pagar por encima de su 7% de cotización para (ojalá) tener una cobertura equivalente a la que hoy gozan. Por otro lado, es importante repetir que la caída de las aseguradoras privadas puede traer consigo una serie de problemas en los prestadores de salud privados que atienden a millones de chilenos, tanto afiliados a Isapre como a Fonasa.