Ante la denominada crisis de las Isapres, el Gobierno estaría trabajando en una nueva modalidad de Fonasa que permitiría complementar el seguro estatal con uno privado que se licitaría a través del Estado.

Tener más alternativas siempre es bienvenido, por ende, en ese sentido la propuesta es positiva. Sin embargo, ello no resuelve el problema de sustentabilidad de las Isapres que abrió el fallo de la Corte Suprema respecto al uso de la tabla de factores y que afecta a 3,2 millones de afiliados a aseguradoras privadas.

Así, el gobierno sigue al debe en presentar un mecanismo que entregue certidumbre (y no recursos públicos) a las aseguradoras para que continúen entregando cobertura médica a los chilenos. La propuesta en cuestión puede ayudar a las personas que estén dispuestas a migrar a FONASA en caso que su Isapre salga del sistema y no puedan reubicarse en otro asegurador privado, pero no resuelve los problemas que hoy enfrentan las Isapres. Es por ello que la medida en estudio por parte del gobierno no evitará que las personas se vean afectadas en caso que la implementación del fallo de la Suprema no se haga de una manera prudente.

Analizando la propuesta de una nueva modalidad para FONASA para aquellos que pueden pagar un precio adicional, es importante que ella esté diseñada de manera que las compañías de seguros privadas se interesen en ofrecer seguros complementarios a los afiliados a FONASA, ya que actualmente hay poca oferta de ese tipo de seguros complementarios, y que se haga a un precio accesible a las personas.

De lo contrario, solo será útil para personas de alto nivel socioeconómico (aquellos que pueden comprar un seguro complementario por encima de la cotización legal del 7%) y no para aquellos que requieren más apoyo del Estado como son las personas de menores ingresos y aquellos que son más caros de asegurar, por ejemplo, los que tienen enfermedades crónicas.