Luego de anuncios poco concretos, esta semana el gobierno informó algunas de las medidas que contendrá el Plan de Reactivación Educativa para el presente año y convocó a diversos especialistas para la conformación de un consejo asesor que trabaje en recomendaciones. Así, se explicó que los ejes de este plan serán la convivencia escolar y salud mental, el fortalecimiento de los aprendizajes y la revinculación escolar. Para abordarlos, en primer lugar, se extenderá un programa de convivencia y salud mental ya existente, para alcanzar 2.100 establecimientos educativos; segundo, se convocará a tutores que trabajen directamente con los niños y se hará entrega de un kit para apoyar y revertir el rezago lector; y tercero, se dispondrán equipos para desplegarse en terreno y colaborar con alertar y revertir el abandono y ausentismo escolar.
Se trata de medidas todavía incipientes, pero que apuntan en la dirección correcta y que sugieren que el gobierno por fin se ha decidido a enfrentar la crisis que vive el sistema escolar. No obstante, un tema que sigue pendiente es el establecimiento de objetivos y metas claras, para lo cual es fundamental la generación de información que permita diagnosticar con precisión no sólo dónde se pretende llegar, sino también desde dónde partimos, es decir, cuál ha sido el deterioro en los aprendizajes y en el estado socioemocional de los estudiantes, así como cuáles son los niveles y sectores que se han visto más afectados por los eventos de los últimos años. Es de esperar que el SIMCE contribuya en esa línea, pero también que el gobierno revierta su reticencia a la realización de evaluaciones y se comprometa con la generación de datos que permitan definir correctamente el ámbito de las acciones contenidas en el plan, así como el grado de priorización y el costo asociado a éstas.
SIGNIFICATIVA CAÍDA EN LA ASISTENCIA ESCOLAR DESDE OCTUBRE 2019
Pues bien, en espera de los resultados del SIMCE que se rindió en 2022 –luego de dos años de suspensión[1]-, los únicos datos oficiales disponibles que dan cuenta del deterioro significativo sufrido durante los últimos años son los relativos a la asistencia escolar.
En el Gráfico 1 se muestra la caída que ha presentado la asistencia promedio a nivel del sistema escolar, comparando mes a mes los años 2018, 2019 y 2022[2]. Aquí se observa que en 2018 –que podemos tomar como año normal o de referencia-, la asistencia promedio se ubicó en torno al 84%, partiendo desde un 90,7% en marzo y cayendo progresivamente hasta 80% en diciembre. En 2019, en tanto, si bien hasta septiembre la asistencia promedio mensual presentó un comportamiento similar a la de 2018, desde octubre se produjo una fuerte caída debido a las protestas e inseguridad que vivió el país, de manera que en noviembre y diciembre ésta cayó hasta un inédito 69,7%. De ahí en adelante no ha sido posible volver atrás y en 2022, tras el cierre de escuelas debido a la pandemia, la asistencia promedio del sistema escolar se ubicó sistemáticamente por debajo del 80%, promediando apenas 79,7%. En marzo, ésta llegó a 82,6%, para luego ir desplomándose hasta un 77,8% promedio durante el segundo semestre –hasta el mes de noviembre, último publicado-
Gráfico 1. Asistencia promedio sistema escolar, años 2018, 2019 y 2022.
Al distinguir por nivel educativo, en el Gráfico 2 se observa que si bien este fenómeno ha sido transversal, es la educación preescolar donde la asistencia promedio de 2022 alcanzó su nivel más bajo, llegando a apenas el 71,6% –desde 86,7% en 2018-. Ello constituye un antecedente de suma gravedad su tenemos en cuenta la relevancia de este nivel educativo para superar las desigualdades que se manifiestan en el futuro.
Gráfico 2. Asistencia promedio por nivel educativo, año 2022.
ESTUDIANTES CON INASISTENCIA CRÓNICA: ¿QUIÉNES SON? ¿DÓNDE ESTÁN?
En línea con la significativa caída en la asistencia promedio, los datos disponibles muestran también el fuerte aumento que ha experimentado la inasistencia crónica –esto es, los estudiantes que asistieron a menos del 85% de sus clases en el año-, la que en 2022 llegó a un 44,5%. Se trata de 1,45 millones de niños y adolescentes que es posible sean hoy quienes atraviesan más dificultades para revertir el deterioro académico y socioemocional de los últimos años. Pero ¿dónde están? y ¿quiénes son? A continuación lo analizamos a partir de los datos disponibles.
En primer lugar, se observa que estos estudiantes se encuentran distribuidos a lo largo de todo el país y en todo el sistema escolar[3]. No obstante, respecto a su ubicación territorial, los estudiantes con inasistencia crónica están sobrerrepresentados en la RM, donde se ubica el 38% de ellos, versus el 33,9% de los restantes que no presentan esta situación. Asimismo, éstos son mayoría en la III región Atacama, donde llegan al 67% del total de estudiantes, y en la XI de Aysén llegan al 49,8%.
Por otro lado, la mayor parte de quienes presentan inasistencia crónica estudian en establecimientos públicos –pertenecientes a servicios locales de educación pública (SLEP) y en menor medida municipales-, aunque también hay una proporción significativa en colegios particulares subvencionados. Así, considerando todos los niveles educativos, se calcula que la inasistencia crónica afecta a un 56,8% de quienes asisten a establecimientos de SLEP, 53,1% en administración delegada, 48,3% en municipales y 40,6% en particulares subvencionados. En el Gráfico 3 se desglosan dichos porcentajes según nivel de enseñanza.
Gráfico 3. Proporción de alumnos con inasistencia crónica, por nivel y dependencia educativa.
Por otro lado, no se encuentran diferencias significativas en cuanto a la categoría de desempeño en que se encuentran los establecimientos donde asisten los estudiantes con inasistencia crónica de enseñanza básica y media, ni tampoco en lo que dice relación con el financiamiento compartido. Así, al igual que el resto de los estudiantes, éstos asisten mayoritariamente a colegios en nivel de desempeño medio (54.9% de básica y 52,8% de media CH y TP) y gratuitos (83,3% del total), aunque también a establecimientos con desempeño insuficiente y alto, y a aquéllos que cobran un copago.
Ahora bien, en lo que dice relación con las características de los estudiantes que presentan inasistencia crónica y los restantes, sí se observan diferencias relevantes, pues los primeros presentan un peor desempeño académico medido tanto con las notas como con el último SIMCE disponible, y porque presentan un mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica estimada a partir de la condición de alumnos prioritario según la subvención escolar preferencial (SEP).
Respecto a lo primero, se encuentra que una menor proporción de quienes presentan inasistencia crónica viene de haber sido aprobado el año anterior (92,5% versus 96,5% entre el resto) y que además exhiben un peor promedio de notas el año anterior (2021), el que se ubica en torno a 0,34 décimas por debajo del resto de los estudiantes. Dicha brecha se acentúa en enseñanza media, cuando supera las 0,4 décimas de la nota. Así también, al considerar los resultados del último SIMCE disponible, correspondientes a los estudiantes de 8° básico 2019, en el Gráfico 4 se aprecia una diferencia significativa en sus puntajes, que llega a 16 puntos menos en matemáticas y a 12,2 menos en lectura para quienes presentan inasistencia crónica.
Gráfico 4. Promedio SIMCE 8° 2019, según si el estudiante presentó inasistencia crónica en 2022.
Por último, como ya se señaló, una mayor proporción de quienes presentan inasistencia crónica a nivel general son estudiantes prioritarios (60,4% versus 54,1% entre el resto), condición que se acentúa en el caso de la enseñanza media TP (donde 72,2% son prioritarios versus 56% de los restantes). Con todo, la inasistencia crónica se encuentra igualmente entre estudiantes no prioritarios, de manera que, si bien existe una relación clara entre ésta y vulnerabilidad socioeconómica, es posible concluir que se trata de un problema transversal que requiere ser enfrentado a través de políticas de amplio alcance.
[1] En 2019, si bien se rindió, fue de manera anormal, siendo válidos sólo los resultados para 8° básico y no para 4° básico.
[2] Los años 2020 y 2021, en tanto, no hay registros públicos de asistencia debido al cierre de escuelas. Asimismo, para el año 2022 aún no se publica la información del mes de diciembre, por lo que el análisis considera hasta noviembre (incluido).
[3] Excluyendo la educación particular pagada, es decir: en establecimientos municipales, particulares subvencionados, de administración delegada y aquéllos pertenecientes a servicios locales de educación pública.
