Ingrid Jones, economista, y Esteban Ávila, abogado del Programa Legislativo, presentaron ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, un documento con un diagnóstico y una serie de propuestas para reducir los efectos del proyecto de ley.
En primer lugar se refirieron a las horas de trabajo de los países miembros de la OECD, haciendo hincapié en que un trabajador chileno trabaja en promedio tres semanas, es decir 187 horas más que un trabajador OECD. También señalaron las diferencias de horas trabajadas entre hombres y mujeres, correspondiendo a un promedio de 40,3 y 34,5, horas respectivamente.
Por otro lado, indicaron la diferencia de eficiencia entre los trabajadores chilenos a la de los trabajadores pertenecientes a países de la OECD, señalando que la productividad del trabajador chileno es la mitad a la de un trabajador promedio de la OECD. Concluyendo que la evidencia indica que las jornadas laborales menos extensas están vinculadas a mayores niveles de productividad.
En relación a lo anterior, los investigadores señalaron la importancia de la productividad, que el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral, debe abarcar los efectos de cambios en la productividad. Y para eso se requiere de reformas importantes en educación y capacitación para que se generen niveles efectivos de productividad.
Adicionalmente, los efectos de la reducción de la jornada laboral dependerá del sector de la industria o empresa y de cómo ellos desarrollan sus procesos de productividad, ya que según los investigadores se pueden identificar tres factores principales como impacto directo de dicha reforma: un alza de 17% en los costos laborales, lo que en detalle indica es que para producir lo mismo que se producía hasta antes de la reducción de la jornada deberán pagarse horas extras, las que de acuerdo a la legislación tienen un costo de 1,5 veces el valor de la hora normal, costo que podría traspasarse al consumidor final como alzas de precio, para evitar despedir trabajadores, o contratar mano de obra más barata.
Un segundo efecto será mayor en trabajadores menos calificados: la evidencia internacional indica que los trabajadores menos calificados son los más perjudicados con el alza de los costos de contratación. Lo que sería un nuevo golpe para los trabajadores más vulnerables ya que son los grupos rezagados en la recuperación de empleo.
Un tercer efecto indicado en la presentación sería el aumento de la informalidad de los empleos. Según indica el documento, el alza de costos de contratación generará incentivos para trabajadores y empleadores a trabajar de manera informal, sobre todo cuando se tienen bajos niveles de productividad.
Los investigadores también concluyen que los efectos de la recesión económica que se espera para 2023, hacen prever que el frágil mercado laboral se resentirá y se destruirán puestos de trabajo antes que se lleguen a recuperar los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia.
Ingrid Jones y Esteban Ávila realizaron algunas propuestas para atenuar los efectos del proyecto, entre las que destacan la adaptabilidad y flexibilidad, señalando que se debe permitir a las empresas adaptar sus procesos y la jornada laboral en función de su tamaño y de su sector productivo, para que así puedan redistribuirse los tiempos de trabajo.
Como segunda indicación proponen un paquete de medidas para aumentar la productividad.
Y una tercera propuesta es la gradualidad en la implementación, refiriéndose que si bien el proyecto de ley considera una implementación de la reducción de la jornada en un plazo de 5 años, no se distingue por tamaño de empresa ni por el sector económico al que esta pertenece. Esto es fundamental, porque es necesario considerar la heterogeneidad de las empresas, de tal manera que estas acompañen la implementación de la jornada reducida con ganancias de productividad y mejoras de eficiencia
Finalmente, Jones y Ávila presentaron comentarios a otras modificaciones contenidas en el proyecto.
