En 1972, el Club de Roma publicó el informe “The Limits to Growth”, cuya tesis central es que los recursos de la Tierra no soportarían los ritmos de crecimiento económico y demográfico más allá del año 2100, incluso con avances tecnológicos. El reporte sostiene que el hombre puede crear una sociedad que puede vivir indefinidamente en la Tierra si se impone límites a sí mismo y a su producción de bienes materiales para alcanzar un estado de equilibrio global entre la población y la producción[1].
La respuesta a este debate llegó en 1987 con el informe “Our Common Future”, conocido como el Reporte Bruntland, argumentando la necesidad del crecimiento, especialmente en los países en desarrollo para enfrentar los problemas medioambientales. El informe introdujo el concepto de “desarrollo sostenible”, es decir, el uso adecuado de los recursos para mejorar la calidad de vida humana[2], en que la explotación de los recursos, las inversiones, el desarrollo tecnológico y el cambio institucional están en armonía y mejoran el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas[3].
Sin perjuicio que tales publicaciones comenzaron a mostrar la tensión entre crecimiento y medio ambiente, no fue hasta principio del siglo XXI que el concepto de decrecimiento fue formulado por primera vez por economistas ecológicos y teóricos del posdesarrollo (Latouche, 2009; Víctor, 2008; Jackson, 2009; Alier, 2009; Kallis, 2011; Kallis, 2018)[4], entendiendo éste como la “disminución de los flujos de materia y energía de la economía global”[5].
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) publicó por primera vez en 2018 un modelo de reducción de emisiones que no dependía de supuestos sobre las tecnologías de emisión negativa, que sí estaban consideradas en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC[6]. Según Hickel (2019) esto fue un “hito en la teoría de la mitigación del cambio climático” por cuanto el decrecimiento no aborda únicamente las emisiones y el cambio climático al reducir la demanda energética, sino que disminuye el impacto en el medio ambiente, reduciendo la economía.
Quienes promueven el decrecimiento incluso son conscientes que disminuir la producción “probablemente conlleve una disminución de la actividad económica agregada tal y como se mide con el PIB”[7]. A la vez, ellos discrepan del uso del PIB, pues critican que economistas y dirigentes políticos se habituaron a considerar que el crecimiento del PIB equivale a progreso humano y mejoras en el bienestar social[8]. Por ello, a su entender el decrecimiento no es recesión, sino un llamado al cambio, cuya característica central es el reparto progresivo de las rentas existentes, invirtiendo la lógica política habitual del discurso de crecimiento[9]. Sorprende el reduccionismo que tales teóricos realizan al centrarse únicamente en el PIB, ya que existen indicadores para monitorear otros aspectos como los indicadores de pobreza, el coeficiente GINI, entre otros. Con ello, sólo profundizan que su crítica es al diseño económico per se.
Ahora bien, subyace a esta teoría que sin perjuicio que la sociedad no sería capaz de responder a tiempo para enfrentar las consecuencias del cambio climático, sí podría, por algún motivo no explicitado por estos teóricos, cambiar, rediseñarse, ajustar sus modelos de consumo y transitar hacia una sociedad de bienes públicos y de reparto. La esperanza se abriga para un escenario utópico, pero se desecha para otro concreto, real, y que ya estamos viviendo, uno en que las industrias y las personas están reduciendo sus emisiones, optimizando el uso de los recursos, aumentando las áreas de protección ambiental, etc.
Para este grupo una exitosa estrategia de decrecimiento conlleva expandir los bienes y servicios públicos. Según Hickel (2019) al expandir lo común y repartir las rentas existentes en forma más justa se conseguirá que las personas accedan a bienes que necesitan para vivir sin requerir de un alto nivel de ingresos, permitiéndoles trabajar menos sin pérdidas en su calidad de vida. Así, al no tener tanta necesidad de trabajar, contribuirían menos a la sobreproducción, aliviando las presiones de consumos innecesarios. Continúa indicando el autor que efectivamente como resultado de aquello la economía produciría menos, pero también requeriría menos. Sería más pequeña pero más abundante. Lo cierto es que por más que los partidarios del decrecimiento traten de insistir en las bondades sociales de esta nueva forma de economía, olvidan que muchos países en vías de desarrollo tanto en América, África o Asia aspiran legítimamente a lograr un nivel de vida similar a los países desarrollados. Este camino les reduce sus opciones de salir de la pobreza, de alcanzar mejores condiciones de vida, a cambio de una esperanza futura de que serán eximidos, por algún medio que se desconoce, de las consecuencias económicas de un decrecimiento.
Por ello, sorprende que se otorgue una vocación democrática al decrecimiento únicamente por su anhelo de transformar la política distributiva para generar otra forma de proveer bienestar, abandonando así el capitalismo para transitar a una riqueza pública (Cabaña, 2022). Por ello, no deja de ser paradójico al considerar que, en los hechos, se busca imponer un tipo y nivel de vida que se considera deseable por un grupo de teóricos.
Para J. Hickel, todo lo expuesto se resume en que “El problema en última instancia no es el crecimiento de la producción y el consumo. El problema es el imperativo mismo del crecimiento”[10]. De esta forma expone claramente que su crítica es al diseño económico imperante. Es anteponer la ideología sin mediar las consecuencias y el impacto que estas medidas utópicas pueden provocar en la población y sobre todo en países sub desarrollados, donde aún existe dificultad para acceder a bienes y servicios.
Ahora bien, ¿cómo se lograría este decrecimiento? Hickel (2019) plantea que, junto con cerrar las industrias “sucias y socialmente innecesarias”, y contrayendo la actividad económica, se puede prevenir el desempleo “disminuyendo la semana laboral y relocalizando la mano de obra en sectores más limpios y socialmente útiles ofreciéndoles una garantía de empleo”. Las pérdidas de salario por la menor jornada laboral se podrían contrarrestar con salarios más altos y una política de salarios dignos. Mientras que, para proteger a pequeñas empresas con dificultades para aplicar el aumento salarial, “se podría introducir un plan de renta básica universal cuyo coste podría financiarse mediante impuestos sobre la emisión de dióxido de carbono, la riqueza, el valor del suelo, la extracción de recursos, o los beneficios de la gran empresa”. A su vez, también sería necesario reducir la publicidad en lugares públicos para disminuir la presión hacia el consumo material.
Con estas medidas los teóricos del decrecimiento proponen su ideología como el único mecanismo viable para enfrentar el cambio climático, imponiendo una solución desde arriba, centralizada y burócrata, disruptiva con la forma en que los sistemas sociales operan y obviando sus complejas conexiones. El decrecimiento promulga una nueva economía, pero minimiza las nefastas consecuencias sociales que supone una contracción económica forzada, pasando por alto que los periodos de estancamiento, inflación o empobrecimiento son momentos de descontento social que puede llevar a la inestabilidad. Así, pareciera que las democracias requieren del crecimiento para alcanzar un equilibrio (Scruton, 2012), aspecto que el decrecimiento no se hace cargo.
Ahogar el motor de la innovación, estrangulando la capacidad del mercado de canalizar las necesidades y motivaciones de sus miembros, sólo entorpecerá el avance tecnológico y el traspaso a los usuarios de los costos de sus decisiones, aspectos claves para enfrentar el cambio climático. Optar por el decrecimiento supone desconocer cómo la tecnología y la regulación han dispuesto las herramientas e incentivos, respectivamente, para que las personas, empresas y países puedan reducir sus emisiones, ampliar su base comercial con un menor uso de recursos y terrenos. El caso más llamativo ha sido el explosivo avance de las energías renovables, desplazando el carbón de la matriz energética, gracias a un menor costo de tales equipos.
Scruton afirma que los gobiernos deben crear las condiciones para que surja y se consolide la motivación adecuada. Remarca que ningún proyecto a gran escala tendrá éxito si no se basa en un razonamiento práctico a pequeña escala, aspecto en que fallan los movimientos ambientales al exigir proyectos gubernamentales de gran alcance, así como cambios fundamentales en los modos de vida.
El mundo sigue sujeto a las consecuencias de una experiencia de similares ribetes, a menor escala, como fue la contracción económica producto de la pandemia del COVID -19. Hubo quiebres de empresas, pérdidas de empleos, quiebres en las cadenas de suministros, aumento de la inflación y necesidad de aumentar los apoyos estatales para contrarrestar las indeseables consecuencias en las economías de las familias. En el caso chileno, esto último obligó al Estado a incrementar sus niveles de gasto y deuda pública, indicadores que requieren indefectiblemente de un aumento del crecimiento del país para lograr buenos números fiscales.
Es un poco fantasioso esperar que luego de una contracción económica deliberada y centralizada, de alguna manera se dispongan de los recursos públicos necesarios para mantener a toda una población con niveles similares de vida. Considerando que el supuesto basal del decrecimiento es que todo crecimiento económico es a costa del medio ambiente, el corolario pareciera ser que nunca más volveríamos a crecer, ya que se gatillaría nuevamente esta tensión.
Finalmente, este concepto, que ha tenido un creciente desarrollo académico, desembarcó en Chile en el marco de las discusiones de la frustrada Convención Constitucional. Sin perjuicio que no tuvo un reflejo expreso en la propuesta de texto constitucional, sí hubo ex convencionales que promovieron su consideración. No obstante, la discusión sobre la teoría del decrecimiento será algo que permanecerá en el mundo ambiental nacional, reflejo de aquello es una reciente publicación de la ONG FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente) cuyo segundo capítulo se titula “Decrecimiento: una propuesta realista para Chile”.
El presente texto fue desarrollado por la Investigadora de LyD, Francisca Toledo, y corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 7 - septiembre de 2022
REFERENCIAS
- Cabaña, G., «Decrecimiento: Una propuesta realista para Chile», 2022.
- Grubler, Arnulf et al. (2018) «A low energy demand scenario for meeting the 1.5C target and sustainable development goals without negative emissions technologies.» Nature Energy.
- Hickel, J., «El Decrecimiento: La teoría de la abundancia radical.» 2019.
- Hickel, J. y Kallis, G. (2019). «Is Green Growth Possible?» New Political Economy.
- Scruton, R., «How to think seriously about the planet. The case for an environmental conservatism». Oxford University Press, 2012.
- United Nations, «Our Common Future», Report of the World Commission on Environment and Development. 1987.
[1] https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/
[2] Scruton, R. “How to think seriously about the planet”, pg. 381.
[3] United Nations, “Our Common Future”, pg. 38.
[4] Hickel (2019). pg. 3
[5] Ídem. Pg.3
[6] Ídem. Pg.4.
[7] Hickel (2019), pg 6.
[8] Hickel (2019), pg. 6.
[9] Hickel (2019), pg. 6
[10] Hickel (2019), pg 17.