Ante el complicado panorama que se vive hoy en La Araucanía y a horas de que se analice el tema en La Moneda, ponemos a disposición nuestro último Temas Públicos sobre la materia:
“Una guerrilla rural armada que contaría con apoyo logístico”. Esa fue la declaración del Fiscal Regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, ante el recrudecimiento de los hechos de violencia en las últimas semanas que han dejado a diversos agricultores afectados, además que los han llevado a armarse para hacer frente a los ataques, situación que es entendida por el Ministro de Agricultura como legítima defensa.
Este complejo escenario llevó a las autoridades de Gobierno y del Ministerio Público a agendar una reunión ampliada de seguridad en La Moneda, un hecho inédito y que evidencia la escalada de violencia que se viene gestando ya desde finales del año pasado.
Esta situación resulta preocupante porque estos hechos de violencia, provocan en definitiva un debilitamiento del desarrollo económico de la región, tanto respecto al promedio del país como de regiones de similar composición productiva, y además evidencian los problemas de coordinación entre el Gobierno, las policías y el Ministerio Público en el tratamiento de este problema.
Más allá de la alta inversión que el Gobierno ha entregado y comprometido en materia de políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas, aún hay sectores que no están dispuestos a dialogar y hacer sus demandas por la vía institucional.
Reivindicaciones territoriales
El fundamento de los reclamos mapuches es el mismo que sostienen todos los pueblos indígenas en el mundo: la existencia de derechos de propiedad indígenas ancestrales. Más allá de la discusión sobre la legitimidad o no de esos derechos, lo que preocupa es la utilización de la violencia por parte de algunos grupos indigenistas como camino para alcanzar sus fines, muchos de los cuales además ya no se remiten a reclamaciones puntuales circunscritas a una comunidad, sino que han emergido discursos de derechos en que se integran asuntos de tierras, de recursos naturales y de participación política.
En este sentido, diversas organizaciones mapuches -las que, como se evidencia en sus declaraciones, poseen una intencionalidad más ideológica que reivindicativa- han manifestado públicamente que buscan la autonomía del Estado chileno en estas zonas.
El Estado de Chile debe ser cauteloso en este punto. De la entrega de "derechos diferenciados" a la autodeterminación en algunos ámbitos hay sólo un paso. La diversidad cultural y étnica es valiosa, pero no a costa de traicionar el ideal de iguales derechos para mayorías y minorías.
Un primer semestre complicado
La década de los noventa marca el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía con la primera toma de fundos y ataques incendiarios y, a partir del año 2000, la tensión ha ido en aumento tras la muerte de tres jóvenes comuneros mapuches.
Al analizar los casos de violencia indígena desde el retorno a la democracia se ha visto una tendencia alcista, si bien su aumento responde en ocasiones a casos coyunturales, en su mayoría son efectos de políticas públicas -política de compra de tierras- y de la radicalización de un grupo minoritario de comunidades.
Lo cierto es que las cifras son preocupantes. Según un estudio realizado por Libertad y Desarrollo, que contabiliza todos los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a 2012 (1.330 hasta junio), éstos se concentran especialmente en cortes de camino, incendios, actos violentos, hurtos, manifestaciones urbanas (violentas y pacíficas) y tomas de tierras que son reivindicadas por comunidades indígenas.
En los casos acumulados desde 1991 por categoría, hay dos claras alzas en los hechos de violencia: desde el año 2000-2001, cuando se aplicó la política de “tierras a cambio de paz social” y coincide con el surgimiento de grupos radicalizados como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM); y luego a partir del 2008-2009, cuando se implementa la política Re-Conocer que comprometía entrega de tierras mediante compra directa. En 2010 y 2011 se produjeron una serie de huelgas de hambre de presos mapuches que protestaban contra las condiciones en que se llevaban los procesos judiciales en su contra, lo que mantuvo esa tendencia alcista y se continúa apreciando. Ambas alzas han sido principalmente por actos violentos -ataques tanto a personas como a personal de Carabineros y daños materiales a la propiedad privada, como destrucción de plantaciones, cercos y puentes- e incendios.
Si bien se puede señalar que los meses más conflictivos tienden a concentrarse en el segundo semestre, partiendo en julio y se prolongan por todo el tiempo que dura la siembra, con un peak a mediados de septiembre, esto no es una regla.
Durante 2011, se observa un aumento de actos de violencia en el segundo trimestre, especialmente concentrado en los meses de mayo, agosto y luego en noviembre, lo que coincide con lo ocurrido en 2010.
No obstante, este año tuvo un comienzo con una considerable alza de casos, comparados con otros inicios de año. En la zona se han registrado enfrentamientos que han dejado heridos a comuneros y policías. En abril un carabinero resultó muerto cuando formaba parte de allanamiento policial a la comunidad Wente Winkul Mapu, en Ercilla, transformándose en el primer uniformado muerto durante un enfrentamiento en la zona. Este lamentable atentado es un llamado de atención por el aumento de la intensidad de los hechos de violencia.
Desde 2008 los distintos Gobiernos han interpuesto unas 40 querellas contra quienes resulten responsables de los atentados que han sacudido a La Araucanía y luego de 4 años se afirma que no hay condenados. De las 40, sólo 5 querellas están judicializadas.
De ahí que un paso importante es que la Fiscalía Regional de La Araucanía designara un equipo de fiscales para investigar 9 causas por delitos de alta connotación ocurridos en las comunas de Ercilla y Collipulli en los años 2011 y 2012, en el contexto del denominado conflicto mapuche[i].
Como hemos señalado, los actos se han concentrado principalmente en la comuna de Ercilla, seguida de lejos por las comunas de Collipulli y Angol, y se han caracterizado por uso excesivo de la violencia.
De acuerdo con los datos del Barómetro de Conflicto con Connotación Indígena (enero a junio de 2012), elaborado sobre la base de partes de Carabineros y denuncias en Fiscalía, la comuna de Ercilla presenta el 55,9% de las denuncias, correspondiente a 71 casos. Mientras que Collipulli presenta 20 y Angol 12 denuncias.
La situación de vulnerabilidad que sufre esta comuna puede haber sido lo que llevó al Presidente Sebastián Piñera a anunciar la creación de otras dos Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), en las zonas de Collipulli, Ercilla y la Provincia de Arauco en el discurso del 21 de mayo. Casi 240 comunidades indígenas serán beneficiadas con esta medida.
Sin duda que es un avance, ya que las ADI permiten canalizar mejor las inversiones en la zona, y de forma más articulada. Planes similares existen en siete regiones, por lo que ya existe experiencia para avanzar y evitar errores en esta materia.
Por su parte, un elemento adicional a considerar es que estos hechos de violencia han tomado otra característica; originalmente apuntaban a predios particulares de empresarios agrícolas de la zona, posteriormente fueron las empresas forestales el blanco de ataque, pero últimamente también ha afectado a pequeños parceleros, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Los afectados generalmente habitan sus tierras hace varias generaciones y han convivido con las comunidades mapuches colindantes sin problemas, estableciendo además vínculos laborales.
Durante el primer semestre, como consignan las denuncias en la Fiscalía, los denunciantes fueron particulares en 76 oportunidades (correspondiente a 59,8%); las empresas forestales, en 30 oportunidades (23,6%); Carabineros, en 13 (10,2%); Funcionarios Públicos, en 2 (1,5%); y vecinos en general denunciaron en 6 oportunidades (4,7%).
Comentario final
El clima de violencia de esta región constituye una situación a todas luces inaceptable y los distintos órganos del Estado -principalmente el Ministerio del Interior, responsable del orden público; el Ministerio Público y los tribunales de justicia- deben empeñarse por corregirla cuanto antes.
Si las autoridades entregan señales de debilidad, el conflicto puede volver a agudizarse y terminar el segundo semestre con una nueva escalada de violencia.
Es necesario, por un lado, enfocarse en una política conjunta entre las distintas instituciones encargadas de garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, no cediendo ante las presiones de los violentistas; y, por otro, seguir trabajando con las comunidades indígenas para mejorar sus condiciones de vida y superar la pobreza que impera en la ruralidad.
En este sentido, urge apurar los cambios institucionales, como es la transformación de la CONADI en una Agencia de Desarrollo Indígena, que es un paso necesario para constituir un servicio público moderno y eficiente de administración; y la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que sería el órgano de representación nacional de los pueblos originarios, ambos procesos que deben ser previamente consultados con las comunidades.
[i] “La Araucanía: Equipo de fiscales asumió investigación de delitos asociados al conflicto mapuche”, 05 de julio de 2012. Obtenido electrónicamente en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_araucania/noticias_det.do?id=1596
