Durante los meses que van del año, la zona de La Araucanía ha sido protagonista de  numerosos hechos de violencia relacionados con reivindicaciones indígenas. Sin embargo, el nuevo ataque incendiario del fin de semana recién pasado contra un bus de transporte escolar que llevaba a cinco menores entre los sectores de Pidima y Aguas Buenas, tiene, a juicio de la investigadora del Programa Sociedad y Política, características que lo hacen diferente.

El ataque se convirtió en el atentado número 84 en lo que va de 2012, según el Ministerio Público, pero lo más importante, es que carece de toda motivación. Si los ataques se hacen para llamar la atención sobre reivindicaciones territoriales y/o de autonomía, atentar contra el medio de transporte de estudiantes de su propia comunidad, no parece tener siquiera un sentido “reivindicativo”.

Este último hecho tuvo consecuencias aún más lamentables, ya que el fiscal Luis Chamorro que investigaba el atentado, volvió a ser víctima de una emboscada en su contra con armas de fuego. En esa zona del país, tres fiscales han sido blanco de ataques a tiros, por lo que no se puede calificar de un tema aislado.

La escalada de violencia y el atentado contra un fiscal, son hechos que superan con creces la problemática indígena y lesionan seriamente el Estado de Derecho y nuestra propia institucionalidad como sociedad. Quien atenta contra un fiscal, no lo hace en contra de una persona: es una afrenta grave contra la sociedad, ya que él presta una función pública, cual es velar por la seguridad y defensa de todos los chilenos.  Los fiscales están al servicio de la Justicia de toda la comunidad nacional, de ahí la particular gravedad del hecho.

Más allá de la voluntad de diálogo y colaboración del Gobierno y de amplios sectores de las comunidades de la zona, aún hay grupos violentistas que sólo buscan desestabilizar y generar inseguridad, no sólo de ciertas autoridades sino que también de la sociedad toda que pretende –como mínimo- vivir en paz. Es válido preguntarse por sus verdaderas intenciones y motivaciones políticas. Mientras ello no se transparente, se dificultará aún más el control de estos actos delictivos que afectan a  todos.