De forma creciente la ciudadanía ha comenzado a manifestar su rechazo respecto a los atentados al orden público que se han producido como consecuencia de las marchas y protestas del movimiento estudiantil. Si en un comienzo los desórdenes públicos parecían ser tolerados como una externalidad negativa de las manifestaciones, hoy la opinión pública está enviando una fuerte señal en el sentido contrario.
Cuando pensamos en los altos niveles de impunidad de que gozan los denominados “encapuchados” y quienes son detenidos por desórdenes públicos, en realidad nos encontramos con una “foto” que refleja al sistema penal en su totalidad y es el que día a día enfrentan las víctimas de los casi 3.000.000 de delitos que se cometen en el país, según la ENUSC 2010.
Tanto por la falta de coordinación entre los fiscales y las policías (lo que requiere aumentar la capacidad investigativa o de análisis criminal de ambas instituciones), los incentivos que enfrentan los primeros para utilizar sus términos facultativos como el archivo provisional, como por la existencia de jueces garantistas que, sobre la base de pura ideología o del uso indiscriminado de formalismos procesales, buscan declarar como ilegales controles de detención legítimos o no decretar la prisión preventiva, el nuevo sistema penal sigue jugándose en sus primeros años su propia legitimidad ante la ciudadanía.
