Como ha sido habitual este último tiempo, el centro de la discusión pública ha estado en la educación.

Para Silvia Baeza, abogada del Programa Legislativo de LyD, resulta preocupante, en todo caso, que el debate iniciado en un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores, no se centre en la calidad sino en la prohibición de efectuar aportes estatales a entidades y personas que han emprendido con mayor o menor éxito la formación de un establecimiento educacional con la legítima expectativa de recuperar o percibir  una ganancia por el fruto de su trabajo y emprendimiento.

Sin embargo, sabemos que el aporte  del Estado se otorga a los estudiantes y sus padres como titulares de los subsidios. Por esto, es interesante recordar otra pregunta de la encuesta CEP. Frente al  80% que “rechaza el lucro”, existe un 70% de los encuestados que prefiere los colegios particulares subvencionados.  Esta contradicción puede responder a una asociación equivocada, que entiende el concepto de lucro como un ingreso percibido en forma ilegitima o usurera y no como una ganancia o provecho generado como consecuencia de una actividad lícita. ¿Queremos privarlos de la facultad de escoger según sus preferencias?.

Fondos públicos se utilizan en viviendas sociales construidas por privados, en atenciones de salud que han significado reducción en listas de espera a través del Bono Auge, en obras públicas, hospitales, defensores penales, servicios de alimentación, agua potable, electricidad, entre otras actividades que financiadas con recursos públicos se traducen en bienes que los privados proveen a la comunidad. Es preocupante entonces, que la discusión se centre en este aspecto, ya que puede significar el inicio de un camino que transforme al Estado en el único proveedor posible de servicios, restringiendo con ello la oferta, la competencia, la facultad de las personas de escoger y por lo tanto, la calidad.